Entre las prioridades se mencionaron movilidad sostenible, seguridad pública, participación ciudadana, preservación del patrimonio histórico, crecimiento urbano y cambio climático. El planteamiento fue presentado como una ruta de trabajo para redoblar esfuerzos legislativos durante 2026, año en el que la capital también enfrentará presiones asociadas a turismo, servicios y preparación de eventos internacionales.

La Ciudad de México concentra problemas que exigen soluciones integrales: transporte saturado, expansión inmobiliaria, desigualdad territorial, protección ambiental, demanda de vivienda y conservación de zonas históricas. Por ello, la legislación local tiene impacto directo en la vida cotidiana, desde tiempos de traslado hasta seguridad en colonias, permisos de construcción y calidad del espacio público.

Una agenda positiva no consiste solo en aprobar nuevas normas, sino en construir consensos y vigilar que las leyes se implementen. Si el Congreso logra ordenar prioridades y dialogar con alcaldías, ciudadanía y especialistas, puede aportar estabilidad institucional en un año de alta exigencia urbana. La oportunidad está en convertir los desafíos de la capital en políticas modernas, medibles y orientadas al bienestar de quienes viven, trabajan y visitan la ciudad.